España prorroga la suspensión de desahucios hasta diciembre de 2026
Fuente: RTVE / EFE
El Gobierno español ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos por impago de alquiler a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
La medida también mantiene la prohibición de cortarles los suministros de luz, agua y gas y además, continúan vigentes los descuentos del bono social energético para los hogares más afectados.
Esta moratoria se aprobó por primera vez en marzo de 2020 y desde entonces se han beneficiado unas 60.000 familias en España.
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, señaló que esta decisión forma parte del real decreto ley de “escudo social”, que incluye otras medidas como la revalorización de las pensiones y los incentivos fiscales para pequeños autónomos y afectados por catástrofes recientes. Saiz confía en que el decreto contará con la mayoría necesaria en el Congreso para su convalidación, previsiblemente a finales de enero.
La portavoz recordó que la prórroga anterior ya logró el respaldo parlamentario mayoritario.
Esta medida fue aprobada por primera vez en marzo de 2020 para proteger a las familias con menos recursos durante la pandemia.
Desde entonces, ha beneficiado a unas 60.000 familias y se ha prorrogado en varias ocasiones debido a crisis económicas y la emergencia habitacional.
El pasado año se mantuvieron compensaciones para los propietarios afectados, que siguen vigentes en el nuevo decreto.
La última prórroga había sido solicitada por Podemos, Sumar, ERC y diversas entidades sociales, pero el Ejecutivo la ha pactado con EH Bildu, asegurando la continuidad de las protecciones frente a desahucios y cortes de suministros.
Organizaciones como el Observatorio DESC han hecho un llamado a los grupos políticos para garantizar la convalidación del decreto y piden que se diseñe un plan de choque que asegure vivienda o realojo digno a las familias vulnerables.
MEDIDAS ENERGÉTICAS Y FISCALES
El real decreto-ley mantiene la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para consumidores vulnerables hasta finales de 2026.
Los descuentos del bono social eléctrico seguirán siendo del 42,5% para vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.
Asimismo, se mantienen incentivos fiscales para particulares y empresas que compren vehículos eléctricos, instalen puntos de recarga o realicen obras de eficiencia energética y rehabilitación de viviendas. Las deducciones aplicables van del 20% al 60% según la inversión realizada, dependiendo del tipo de reforma o instalación. Estas medidas buscan promover un ahorro energético y facilitar el acceso a una vivienda digna y sostenible.
